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PODigital 1115 (digital) 7/1/2010 Políticas Enviar por correo electrónico
Altamira ante el decreto de necesidad y urgencia que destituye e inicia acción penal al Presidente del Banco Central
LA CULPA NO ES DEL CHANCHO
La Presidenta ha decidido cargarse con las reservas del Banco Central y con su presidente, apelando al monstruo de los decretos de necesidad y urgencia creado por peronistas, radicales, socialistas y frepasistas en la Constituyente de 1994. La discusión sobre la constitucionalidad de estos atropellos es una cortina de humo, porque ese tipo de decretos es, en sí mismo, incompatible con un régimen constitucional. Los que hoy reclaman ‘calidad institucional’ son tan responsables del golpe del Ejecutivo como el matrimonio K. No en vano este régimen especial de decreto fue inventado por la dictadura militar brasileña instaurada en 1964, cuando se adornó a sí misma con un parlamento digitado. Ahora la cuestión es puramente política.

La destitución de Redrado es un recurso extremo para poner en vigencia, hasta 2011, un régimen que gobierna por decreto y veto. Es una extorsión a la banca internacional para que acepte a los K como el único interlocutor dispuesto a pagar en regla la deuda pública, canjear la que está en default y reiniciar un ciclo de nuevo endeudamiento. Redrado ha recibido el apoyo de los presidentes de los bancos centrales de Brasil y de la UE, y de los directores del Banco de Ajustes de Basilea.

Si el Congreso acepta el ultimátum, habrá sellado su impotencia por el resto del mandato. Pero el Congreso, que hoy está piloteado por Cobos, hará lo que decida la banca internacional. La oposición votó el Presupuesto 2010 que asigna los recursos para el pago de la deuda externa. Si hace un llamado a rechazar la destitución de Redrado por medio de un cacerolazo, habrá iniciado una acción golpista en función de los intereses capitalistas que representa. Luis Juez, un ex K del palo de Alberto Fernández, ya pidió el juicio político a la Presidenta.

La posición del Partido Obrero es rechazar el régimen de decretos de necesidad de urgencia y de vetos; rechazar el pago de la deuda externa, sea con fondos del Banco Central o con fondos presupuestados (impuestos, Pami, Anses); repudiar cualquier tentativa golpista de la oposición parlamentaria y llamar a los trabajadores a manifestarse en forma independiente por este programa.